CAOS JURÍDICO/ La derogación en el Congreso de los Diputados del decreto de extensión de los
alquileres multiplica la inseguridad jurídica de un mercado ya de por sí tensionado. Los juristas auguran
una batalla legal en los tribunales.
El Congreso de los Diputados tumbó recientemente el real decreto-ley que permitía prorrogar de forma
automática durante dos años todos los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027
y topaba al 2% las subidas de precios.
El voto en contra de la Cámara Baja –donde PP, Vox y Junts sumaron mayoría– abre ahora un galimatías legal
que, según los juristas, terminará dirimiéndose, casi con total seguridad, en los tribunales. En el aire quedan
grandes cuestiones, como qué ocurrirá con aquellos inquilinos que solicitaron la prórroga por burofax durante
el poco más de un mes en que ha estado vigente el decreto y no hayan obtenido una respuesta por parte de su
casero; si la extensión también afectará a aquellos contratos con una fecha de vencimiento posterior al 28 de
abril; o si el tope de 2% de subida se mantiene vigente.
Según las estimaciones del Gobierno, alrededor de un millón de contratos vencerán entre este año y el próximo,
por lo que todos estos inquilinos podrían haber solicitado la prórroga de sus contratos entre el 20 de marzo y el
28 de abril. Y, aunque es difícil realizar una aproximación exacta del número de peticiones, la publicidad de la
medida podría elevarlo a varios cientos de miles. En las últimas semanas, desde el Ministerio de Derechos
Sociales, Consumo y Agenda 2030, incluso llegaron a recordar por carta a los grandes tenedores de vivienda
que debían aceptar las prórrogas solicitadas, pese a las múltiples interpretaciones de un decreto que parece
condenado a concluir en el Tribunal Supremo.
En cualquier caso, la ‘inseguridad jurídica’ que ha generado la aprobacióndel texto y su posterior derogación
ya estaría afectando a un mercado del alquiler de por sí muy tensionado por la continuada caída de la oferta,
fruto de la desprotección que sufren los propietarios y de la imposición de límites de precios tras la aprobación
de la Ley de Vivienda de 2023.
En este sentido, un experto señala que “habrá compradores de viviendas para alquilar que se lo piensen dos
veces”; mientras que, en otros casos, la derogación “podría actuar como un catalizador para dar el paso hacia
la hipoteca como la opción más estable”.

Fuente periodística: EXPANSIÓN